La Defensoría Penal Pública tiene por misión entregar defensa penal a todas las personas imputadas y condenadas en el marco del sistema procesal chileno, garantizando así el acceso a la justicia de todas y todos.
Las y los defensores penales públicos velan por los derechos de sus representados(a) para que se apliquen plenamente los principios del proceso penal, representado judicial y extrajudicialmente sus intereses -en todas las actuaciones y audiencias- hasta la completa ejecución de la sentencia; realizando visitas a la cárcel; solicitando las pericias que se requieran y atendiendo a sus familiares, entre otras diligencias.
La prestación de los servicios está a cargo de abogados(a) que forman parte de la institución y de abogados(a) privados(a), contratados a través de licitaciones. Ambos poseen la calidad de defensores penales públicos y deben cumplir los estándares de defensa establecidos.
La defensa penal será gratuita, excepto para quienes cuenten con recursos económicos para costear –parcial o totalmente- los aranceles de defensa penal. En el caso de los adolescentes –mayores de 14 y menores de 18 años– no pagarán el servicio, cualquiera sea su situación económica y la de su familia.
La Defensoría Penal Pública fue creada en 2001, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio y está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia.
La Defensoría funciona como un organismo descentralizado territorialme nte, conformado por la Defensoría Nacional -Avda. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, piso 5° y 8°, Santiago- y las Defensorías Regionales a lo largo del país.
